El gobierno de Ecuador ha comenzado el tan esperado desmantelamiento de la infraestructura petrolera en el Parque Nacional Yasuní, a medida que se acerca el plazo para detener las operaciones en esta área ambientalmente sensible. El Ministerio de Energía y Minas confirmó el cierre del pozo Ishpingo B-56, uno de los 247 en el controvertido campo petrolero Bloque 43-ITT. Este anuncio se produce a pocos días de la fecha límite impuesta por la corte, que exige el cierre de todos los pozos.
El anuncio del gobierno sigue a crecientes críticas de ambientalistas y comunidades indígenas, en particular del pueblo Waorani, que ha luchado durante mucho tiempo contra la extracción de petróleo en sus tierras ancestrales. A pesar de un referéndum histórico en 2022, en el que los ecuatorianos votaron a favor de cesar la perforación en el Amazonas, muchos argumentan que se ha hecho poco para cumplir con esta decisión. El referéndum fue visto como una victoria para la protección ambiental y los derechos indígenas, pero las frustraciones han aumentado debido a la falta de avances visibles.
Antonio Goncalves, jefe del Ministerio de Energía y Minas, declaró: “El cierre del campo ITT no es una tarea fácil; requiere planificación técnica especializada”. Sin embargo, líderes indígenas y activistas sostienen que los esfuerzos del gobierno han sido demasiado lentos. Kevin Koenig, Director de Clima y Energía de Amazon Watch, criticó al gobierno diciendo que no están “cumpliendo con su obligación judicial ni respetando los derechos del pueblo Waorani”.
El gobierno ha solicitado una prórroga de más de cinco años para desmantelar completamente las operaciones petroleras, con el objetivo de cumplir con la fecha límite de diciembre de 2029. Sin embargo, esta solicitud ha generado indignación entre los activistas y las organizaciones medioambientales, quienes afirman que la dependencia económica de Ecuador del petróleo está frenando la transición hacia políticas más ecológicas. Poner fin a la extracción de petróleo en Yasuní podría costar un estimado de 1.300 millones de dólares, un golpe significativo para una economía que depende en gran medida de los ingresos petroleros.
Mientras Ecuador enfrenta el doble desafío de cumplir con sus compromisos ambientales y gestionar sus dificultades económicas, el futuro del Parque Nacional Yasuní sigue siendo incierto.
