Argentina enfrenta su peor nivel de pobreza desde la crisis financiera de 2001, con más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Los datos oficiales del primer semestre del año revelaron una tasa de pobreza alarmante del 52,9%, un fuerte aumento respecto al 41,7% a finales de 2023. Este aumento drástico sigue a la implementación de severas medidas de austeridad por parte del presidente Javier Milei, destinadas a estabilizar la maltrecha economía del país.
Las políticas de Milei, diseñadas para reducir el déficit fiscal y frenar la inflación galopante, han sido tanto elogiadas como condenadas. Los mercados y los inversores han aplaudido los recortes de gastos por aportar cierto orden fiscal después de años de mala gestión. Sin embargo, estos recortes han empujado a Argentina a una profunda recesión, dejando a muchos argentinos luchando por satisfacer sus necesidades básicas. Los empleos han disminuido, y aunque la inflación ha bajado de un pico del 289%, sigue siendo un 237% devastador.
Las medidas de austeridad han tenido profundos impactos sociales. La reducción de apoyo a los programas de bienestar y los recortes en los servicios públicos han llevado a un aumento visible de la pobreza, con personas pidiendo limosna fuera de supermercados y rebuscando en la basura. A pesar de estas dificultades, hay signos tentativos de recuperación económica. El crecimiento salarial ha superado a la inflación durante tres meses consecutivos, y sectores como la agricultura y la minería han mostrado señales de recuperación.
El gobierno de Milei ha defendido las políticas de austeridad, argumentando que son necesarias para evitar un colapso económico mayor. Sin embargo, la oposición está aumentando, con protestas que estallan por los recortes a las pensiones y la reducción del gasto público. A medida que Argentina se encuentra al borde de la recuperación, el desafío radica en equilibrar las reformas económicas con la necesidad urgente de aliviar la aplastante carga de pobreza sobre sus ciudadanos.
