En un acontecimiento reciente, la empresa estatal china Cosco Shipping Ports, envuelta en una disputa contenciosa sobre las operaciones de la terminal portuaria de Chancay en Perú, ha reafirmado su compromiso con los términos acordados con el gobierno peruano.
La disputa, que ha desatado controversia legal y ha generado preocupaciones sobre el futuro del megaproyecto en la costa pacífica de Perú, se centra en los derechos exclusivos de Cosco para operar la terminal de aguas profundas.
Cosco Shipping Ports, con sede en Hong Kong, afirmó este martes que defenderá sus derechos legales para brindar servicios como operador exclusivo de la Terminal Portuaria de Chancay, enfatizando que estos términos fueron establecidos al inicio de la inversión.
La compañía expresó su consternación por el impacto perjudicial de la disputa legal en el proyecto, advirtiendo contra la imposición de nuevas regulaciones a los puertos, que algunos reguladores han insinuado que estarían considerando.
Esta declaración se produce en un contexto de acciones contradictorias por parte de las autoridades peruanas. Si bien la Autoridad Portuaria Nacional (APN) inicialmente otorgó a Cosco los derechos exclusivos para operar el puerto de Chancay en 2021, luego renunció a esta decisión en marzo, citando un «error administrativo» y buscando anular los términos.
En respuesta al cambio radical de Perú, Cosco había manifestado previamente su intención de evaluar las repercusiones de la decisión. Posteriormente, los legisladores peruanos abogaron por la continuidad de la participación de las empresas privadas en los servicios portuarios, mientras que el ministro de Economía, José Arista, enfatizó la importancia de respetar el acuerdo portuario original.
El proyecto del puerto de Chancay, concebido como un centro fundamental en el Pacífico sudamericano y un motor crucial de crecimiento para Perú, ha recibido una inversión sustancial por parte de Cosco, con más del 70% de la construcción ya terminada.
A pesar de la disputa en curso, Cosco recientemente extendió una rama de olivo al Ministerio de Economía de Perú, proponiendo un período de negociación de seis meses para resolver el conflicto de manera amistosa, evitando así la necesidad de un arbitraje internacional. El ministro Arista confirmó la recepción de esta propuesta y expresó optimismo por llegar a una resolución sin recurrir al arbitraje.
Sin embargo, como el ministerio aún no ha respondido a la propuesta de Cosco, la compañía ha indicado su disposición a iniciar un procedimiento de arbitraje en virtud de un pacto comercial chino-peruano.
Mientras las partes interesadas esperan nuevos acontecimientos, el destino del proyecto del puerto de Chancay está en juego, con implicaciones tanto para la inversión china en la infraestructura del Perú como para el panorama más amplio del comercio internacional en la región.
