Colombia enfrenta un grave desafío fiscal, con el colapso de la recaudación de impuestos y la creciente preocupación en los mercados financieros. El gobierno enfrenta un déficit presupuestario estimado en aproximadamente 27 billones de pesos (6,9 mil millones de dólares) este año, impulsado por una caída significativa en los ingresos fiscales y decisiones judiciales adversas que afectan las fuentes de ingresos.
Desplome de los ingresos fiscales
En abril, la recaudación de impuestos cayó un asombroso 40,9% a 4,83 mil millones de dólares, resultando en un déficit acumulado de aproximadamente 2,85 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con los objetivos. La agencia tributaria DIAN ya ha reconocido que el país no alcanzará su objetivo de casi 2,6 mil millones de dólares provenientes de arbitrajes este año. Además, una sentencia judicial que permite a las empresas extractivas seguir deduciendo regalías de sus impuestos se espera que agrave aún más las finanzas públicas.
Respuesta del gobierno y preocupaciones del mercado
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha indicado que se planean ajustes fiscales para el cuarto trimestre. Sin embargo, los analistas argumentan que se necesita una acción inmediata para evitar que el país no cumpla con sus objetivos fiscales o atraiga la atención negativa de las agencias calificadoras. Andrés Abadía, economista jefe para América Latina en Pantheon Macroeconomics, enfatizó la necesidad urgente de una reforma fiscal, declarando: «La situación fiscal es preocupante, tanto en el nivel de gasto como en el de ingresos. La economía tendrá que pagar por ello».
Las opciones del gobierno para abordar el déficit son limitadas y problemáticas. Podría reducir drásticamente el gasto, asumir más deuda o una combinación de ambas. Cada opción conlleva implicaciones fiscales significativas. Camilo Pérez, director de estudios económicos del Banco de Bogotá, expresó escepticismo sobre la suficiencia de los cambios propuestos, esperando recortes de gastos y un aumento en la emisión de bonos TES denominados en pesos. Muchos analistas también predicen que el gobierno continuará con intercambios de deuda para extender los vencimientos.
Posibles consecuencias
Un aumento en la deuda probablemente elevaría el déficit fiscal a aproximadamente el 5,3% del PIB, cumpliendo apenas con las restricciones de la regla fiscal de 2011 diseñada para proteger las finanzas públicas. Tal déficit podría llevar a la volatilidad del mercado, con los inversores desconfiando de la capacidad del gobierno para gestionar el desequilibrio fiscal, lo que podría resultar en primas de riesgo y costos de financiamiento más altos. Mauricio Guzmán, jefe de estrategia de inversión en Sura Investments, señaló la reticencia entre los inversores, diciendo: «Los inversores serán muy reacios a asumir riesgos hasta que haya más claridad fiscal».
Perspectivas para 2025 y más allá
Sergio Olarte, economista jefe para Colombia en Scotiabank, advirtió que los recortes drásticos en el gasto podrían frenar el crecimiento económico, complicando aún más la gestión fiscal en 2025. Sugirió que el gobierno podría necesitar presentar un presupuesto extremadamente austero el próximo año o considerar modificar la regla fiscal para navegar la crisis.
A medida que el gobierno prepara su plan fiscal de mitad de año, que se presentará a mediados de junio, la presión para implementar medidas efectivas y oportunas es creciente. La falta de acción para abordar los desafíos fiscales de manera rápida podría resultar en una crisis de confianza de los inversores, exacerbando los problemas económicos de Colombia.
